Política
Creemos en la necesidad imperiosa de llevar adelante una reforma política
efectiva y de fondo. Dicha reforma tenderá a restablecer la comunicación fluida
entre representante y representado; asegurar la rendición de cuentas del
representante hacia el representado; y abrir la política a la participación
ciudadana.
Juzgamos que la transparencia en el sector público,
es esencial para la legitimidad del Estado. En este sentido, alentamos una
mayor participación de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación
y ciudadanos en el control y la acción de gobierno.
Asimismo, creemos que la estructura estatal requiere
ser modernizada, incorporando nuevas tecnologías, métodos y procesos para la
gestión, en búsqueda de una mayor flexibilidad. De esta forma aspiramos a incrementar las
posibilidades de responder a las crecientes demandas y necesidades de la
sociedad civil con eficacia y eficiencia.
Sin embargo, consideramos que no basta con trabajar
en busca de la eficiencia y la eficacia en administraciones austeras. Los
responsables de la gestión estatal también deben mostrarse listos para
participar en un proceso estratégico-político de transformaciones estructurales
de las organizaciones estatales. A la búsqueda de mejores resultados y mejores
servicios es necesario agregar la generación de nuevas capacidades, articulando
diversos sectores con creatividad, ingenio, riesgo y voluntad de resolución de
problemas.
Sostenemos la necesidad de la reforma constitucional
para fijar un proyecto federal renovado e introducir nuevamente el principio de
dominio estatal sobre la riqueza natural del territorio soberano.
Defendemos la vida desde su
concepción y rechazamos toda forma de impedir su vigencia y desarrollo.
Economía y Empleo
Creemos en el planeamiento económico, entendido como la intervención del
estado en la organización de la sociedad con un orden de prioridades marcado
por la voluntad ciudadana, con métodos de ejecución democráticos e inclusivos.
Creemos que el Estado es un custodio del interés general. Por lo tanto,
pretendemos una política económica orientada a la comunidad. Sostenemos que la
lucha contra la pobreza debe ser prioritaria en pos de una República
cohesionada, inclusiva y con reales oportunidades para sus ciudadanos.
Desde el Estado, se debe apoyar a las empresas con potencial exportador y
de generación de empleos. El Estado debe facilitar
las condiciones para permitir la inserción de las empresas argentinas en la
economía global. En esta línea, creemos que el Estado debe generar planes
sustentables orientados a la formación profesional de los ciudadanos, y
fomentar la asociación entre ciencia y empresas para la incorporación de
descubrimientos, la innovación, la investigación y el desarrollo industrial.
Consideramos responsabilidad del Estado aumentar la competitividad de las
empresas argentinas para mejorar su inserción en el mercado internacional.
Asimismo, pretendemos apoyar los mecanismos necesarios para fortalecer el
mercado interno en bienes de uso masivo.
Afirmamos que el Estado debe fomentar la producción tecnológica y
estratégica en el país. Especialmente, en compromisos de largo plazo que
aseguren las fuentes de empleo de los habitantes de la República.
Además, alentamos una política fiscal y financiera responsable, en
respeto a las aspiraciones de las futuras generaciones de argentinos.
Recuperar la decisión política sobre las riquezas estratégicas, la tierra
y los recursos naturales, además de nacionalizar el intercambio internacional,
el Banco Central y establecer el control de las políticas de crédito por parte
del Estado.
Educación y Cultura
Consideramos prioritario el campo de la educación,
ya que es éste ámbito el que más incidencia tiene hacia la igualdad de
oportunidades para todos los habitantes de la república.
En ese sentido, creemos que la educación de nivel medio debe ser
obligatoria en todo el país. Creemos necesario asegurar la igualdad de
oportunidades para el acceso, permanencia y egreso del sistema educativo para
toda la población.
La educación pública debe apuntar a la excelencia y establecer
lineamientos curriculares que incorporen tendencias modernas que preparen a los
futuros adultos para el aprendizaje, el emprendimiento, la producción, la
resolución de problemas y la realización personal y colectiva. A la vez, el
Estado deberá velar por el cumplimiento de estos principios en el caso de la
educación privada.
Las Universidades públicas deben ser sometidas a una profunda reforma en
su organización que debe orientarse hacia facilitar el ingreso a la Universidad a toda
persona que allí desee estudiar independientemente de su nivel socio-económico,
con mecanismos eficientes de becas, con posibilidades de inserción laboral en
pasantías de aprendizaje y generando una estrecha vinculación entre ella y los
centros de investigación científica.
Sostenemos la implantación de un servicio social-militar universal al
final de la adolescencia a efectos de promover conductas sociales de
solidaridad y pertenencia entre los jóvenes ciudadanos al hacerlos sentir parte
útil de la sociedad.
Salud
Consideramos esencial garantizar el acceso
irrestricto a una atención sanitaria de excelencia en hospitales públicos. A su
vez, debe ser garantizado el acceso a la atención hospitalaria personalizada
para las personas de la tercera edad y con necesidades especiales.
Juzgamos que el gasto público en el mantenimiento de
la estructura hospitalaria es una inversión prioritaria.
El Estado debe reservarse para sí la los derechos de control último del
sistema de salud. La voluntad de proveer un servicio apropiado puede llevar a
un esquema en que la salud pública se vincule con el sector privado, pero
garantizando al usuario criterios de plena accesibilidad.
La medicina preventiva reviste una importancia fundamental. Es
responsabilidad del Estado poner a disposición de las personas información que
apunte a mantenerlas en condiciones saludables y promover el suministro
gratuito de medicamentos básicos.
Alentamos la investigación científica
como política estatal estratégica en materia de salud, en coordinación con
las Universidades.
Justicia
Son funciones indelegables del Estado asegurar la seguridad, el orden,
los derechos humanos y la justicia.
La politización de la justicia atenta contra la democracia, las
instituciones republicanas y la seguridad jurídica del país, lesiona la
dignidad del ser humano, es fuente de males que corrompen el cuerpo social y
ocasiona pérdidas económicas.
El Estado debe garantizar en cualquier circunstancia el respeto por las
garantías individuales de los ciudadanos.
Acción Social
El Estado debe garantizar una vivienda, alimentación y abrigo dignos,
para cada uno de los ciudadanos.
A su vez, el Estado debe proveer una pensión a la persona retirada o con
necesidades especiales; como también, un seguro de desempleo vinculado al
reentrenamiento y la reinserción laboral.
Los planes de acción social deben ser otorgados enmarcados en un plan
general de actividades que contribuyan a dar herramientas y oportunidades para
la autosuficiencia, haciendo hincapié desde el Estado en la capacitación de los
beneficiarios de los planes sociales.
Condenamos la utilización clientelista de los fondos destinados a la
asistencia social. Dada su importancia y delicadeza, dichos fondos deben ser
manejados de manera transparente, controlados por entes autónomos que den
participación a organizaciones no gubernamentales reconocidas y garanticen el
libre acceso a la información pública.
Propugnamos el establecimiento de un aporte económico universal a favor
de cada ciudadano.
Relaciones Internacionales y Defensa
Creemos que el Estado argentino debe mantener relaciones amistosas con el
mundo, impulsando especialmente el intercambio cultural y comercial, tanto como
el respeto por los derechos humanos.
Priorizamos la paz mundial, la cooperación internacional, la libertad de
cultos y la valoración étnica y cultural.
El Estado debe garantizar la
Defensa nacional, a través de sus Fuerzas Armadas, que bajo
ninguna circunstancia deben apartarse de su subordinación al poder político
constitucional.
El Estado deberá proveerse de los medios de producción para la defensa.
Medio Ambiente
El Estado debe asegurar el cuidado del medio ambiente, ofreciendo
información al ciudadano sobre el impacto que causan o pueden causar
determinadas actividades y obligando a todos los particulares a preservarlo y
defenderlo.
Los espacios verdes, las áreas forestadas, los parques nacionales, y
zonas de reserva ecológica deben ser celosamente protegidos. A su vez, el
Estado debe garantizar la preservación de especies autóctonas.
A su vez, el Estado debe garantizar la prevención de todo tipo de
contaminación y el tratamiento y reciclaje de los residuos industriales y
domésticos.
Condenamos el almacenamiento de residuos nucleares de producción
extranjera dentro del territorio nacional.
Medios de Comunicación
El Estado debe garantizar la libertad de prensa y expresión. Para esto,
debe velar con el máximo celo por limitar el poder de monopolio en esta esfera.
Se deberá garantizar el acceso a la propiedad de los medios de
comunicación a los ciudadanos y a las instituciones intermedias, por tal motivo
adherimos a la “INICIATIVA CIUDADANA POR UNA LEY DE
RADIODIFUSIÓN PARA LA
DEMOCRACIA ” y el acceso al menos del 33% de
frecuencias, en todas las bandas, para las organizaciones libres del pueblo.